¿Comenzó el mani pulite en la justicia de Santa Fe?

REGIÓN 03 de agosto de 2020 Por RADIO GPS
El Fiscal Regional de Rosario renunciado y otro Fiscal suspendido, ambos investigados por supuestos vínculos conniventes con bandas criminales las cuales debían perseguir. Todo indica que actuaban bajo el manto protectivo de una dirigencia política y empresarial cómplice. Esto que parece una miniserie de Netflix es parte del escándalo que estremece los cimientos del sistema judicial santafesino.
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Por Mauro Federico (Data Clave)

La renuncia del fiscal regional Patricio Serjal en medio de las sospechas de corrupción que también involucran a su par Gustavo Ponce Asahad (ambos denunciados por cobrar dinero a personas acusadas de cometer delitos para filtrarles información o no investigarlos), puso al descubierto la trama de corrupción que atraviesa a la justicia santafesina, con epicentro en los tribunales de Rosario y tiende un manto de sombras sobre la actuación de algunos representantes del Ministerio Público provincial.

La dimisión -que fue aceptada con efecto desvinculatorio total del Ministerio público de la Acusación y del Poder Judicial en su conjunto por el gobernador Omar Perotti- ocurre horas antes de llevarse a cabo la reunión de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, donde iba a tratarse la situación del fiscal regional renunciante. En la previa del encuentro, el legislador Carlos Del Frade –miembro acusador de la comisión parlamentaria- le dijo a Data Clave que varios de sus pares “encubrieron el accionar de Serjal para que no sea suspendido por las firmes sospechas de irregularidades que pesan sobre su accionar” y ligó estos actos de “complicidad” con “intercambios de favores que dirigentes políticos le hicieron al funcionario judicial por haber retirado causas que los involucraban”.

Días atrás, Serjal y Ponce había sido mencionado por uno de los integrantes de una banda ligada al juego clandestino y a extorsiones como el destinatario de pagos en concepto de coimas para no investigar al grupo criminal y suministrarles información sobre investigaciones en curso que pudiesen comprometer los intereses de los delincuentes.

Quien también habló del tema es el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, quien en declaraciones periodísticas, se refirió al trabajo de las Fiscalías y los mecanismos de extorsión de un sector de la banda de Los Monos liderado por “Guille” Cantero. “Lo que han montado es una fabulosa estructura de extorsión a la siciliana. Esto es: yo te dejo trabajar en la medida en que vos pongas una mensualidad. Si no, te cago a tiros. Generalmente, se mete con sectores empresariales a los que les enganchan alguna ilegalidad. Estamos investigando si los extorsionados por la red de Cantero son empresarios que no hacen la denuncia porque no quieren ventilar el entramado ilegal del que forman parte”, detalló.

Ayer, en una reunión a distancia, más de cuarenta Fiscales en actividad se manifestaron muy críticos de las actitudes en las que incurrieron tanto Serjal como Ponce Asahad, al igual que otros Fiscales que durante dos años consintieron y avalaron, algunos con sus firmas, las maniobras del Jefe de Fiscales rosarino. La propia  Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA santafesino lo expresó a través de un comunicado en el que manifestaron que "las conductas asumidas por estos funcionarios no tienen correspondencia con el deber de transparencia que pesa sobre el MPA, ni con las prohibiciones y deberes que pesan sobre quienes detentan un cargo de Fiscal".

MUCHA AGUA BAJO EL PUENTE

En noviembre de 2019 la por entonces diputada provincial Alicia Gutiérrez impulsó ante la Comisión de Acuerdo de la Legislatura -integrada por diputados y senadores- la necesidad de que se investigue la conducta de Serjal. Pero hubo seis legisladores que miraron para otro lado a la hora de suscribir la iniciativa: los senadores Rubén Pirola (PJ), Rodrigo Borla (UCR) y Joaquín Gramajo (PJ, aunque fue reelecto como candidato del Frente Progresista); y los diputados Julián Galdeano (UCR), Patricia Tepp (UCR) y Alejandra Vucasovich (PRO).

Como verán los mencionados no eran de un solo partido, sino que era un corte transversal, lo que pone aún más en duda el comportamiento de los mismos. “Seguramente los presionaron, a estos y a otros que no integraban la comisión para que no tocaran a Serjal, pero al no haber hecho la denuncia formal, todos se transformaron en cómplices”, aseguró una fuente de la Legislatura que participó de las reuniones de la Comisión. El informante agregó: “el dinero de la corrupción genera una organización paralela que termina siendo funcional a la introducción de la plata sucia dentro del circuito legal y todo con el guiño de las autoridades políticas y de las fuerzas policiales”.

Del Frade fue uno de los primeros legisladores en impulsar el año pasado la investigación en la que el fiscal regional quedó bajo la mira por adquirir dos autos en una concesionaria cuyo dueño fue beneficiado previamente con el archivo de una causa en su contra. “Este martes vamos a presentar más pruebas que acreditan las irregularidades cometidas por Serjal que merecen el avance de causas penales que lo investiguen, pero lo más grave a nuestro criterio es que el trámite acusatorio demoró nueve meses, fue una gran bicicleta, no libraron ninguno de los 28 oficios que pedí” le dijo a Data Clave. “A principios de diciembre del año pasado pedimos pruebas, movimientos de cuentas bancarias, alquiler, recibos de sueldo, cuestiones fundamentales para ver de dónde sacó la plata para comprar los autos pero la comisión nunca los mandó porque lo protegieron y cada vez que lo teníamos acorralado, me corrían el arco”, agregó el diputado.

En el mismo sentido, Gutiérrez aseguro que "si lo hubieran separado preventivamente en diciembre podríamos haber evitado crímenes y actos de corrupción que se cometieron durante el primer semestre de este año y ahí hay una responsabilidad ineludible de los diputados y senadores que lo encubrían”.

EL HUEVO DE LA SERPIENTE

En el año 2014 hubo una profunda reforma Penal en la Provincia de Santa Fe, eran las épocas del socialismo en el poder. Esta reforma modificó por completo el sistema de enjuiciamiento y reemplazó el expediente por audiencias orales, y según sus autores contribuía a una mayor calidad institucional porque tenía más transparencia y publicidad. Para ello hubo que crear una nueva infraestructura edilicia y ampliar la cantidad de fiscales lo que produjo una renovación.

Los Fiscales pasaron a ocuparse de  la dirección de la investigación, formular la acusación o requerir el sobreseimiento, aplicar criterios de oportunidad y actuar en juicios.

En el año 2017 el Fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini, de excelente perfomance, respetado y de larga experiencia en la justicia rosarina, fue ascendido al cargo de Fiscal General de la Provincia, quedando vacante su cargo.

Es ahí cuando aparece Serjal quien llegó al cargo en 2017 mediante un concurso en el que tenía todas las de perder. Los otros cinco candidatos que competían en la compulsa, eran todos fiscales en ejercicio con experiencia de gestión y antecedentes sobrados para ocupar esa tan estratégica posición. Sin embargo, nada de eso se tuvo en cuenta a la hora de la selección. Tras una charla con los postulantes, se elevó una terna al Poder Ejecutivo y el ex gobernador Miguel Lifschitz se inclinó por el menos conocido: Serjal.

Muchos por lo bajo comentaban que el Fiscal Regional Serjal llegaba de la mano de la política, era producto de una negociación entre un reconocido senador del PJ del sur santafesino con políticos de otros partidos, todos molestos por algunas investigaciones que se venían llevando adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Rosario.

Esa idea se acentuó cuando apenas asumido, el nuevo Fiscal Regional, dicta la resolución 92/17, donde confirmó a todos los jefes de unidades especiales del MPA, excepto a Sebastián Narvaja a cargo de la Unidad de Delitos económicos complejos y a su pareja, Carla Cerliani, que estaba en la Unidad de Delitos Sexuales.

El mensaje era claro: Narvaja estaba poniendo nervioso a muchos, el Fiscal Regional venía a poner su propio orden en las causas más trascendentes que tenía la ciudad de Rosario, que quizás no era el orden que quería la justicia, ni el que su predecesor en el cargo  pretendía. Serjal venía a desmantelar el grupo investigador que encabezaban los fiscales Narvaja y Mac Cormack, quienes entre otras causas resonantes llevaba la megacausa de lavado y fraude inmobiliario que involucraba a  varios personajes conocidos del universo profesional y empresario de Rosario, y de la cual surgían  vinculaciones con algunos miembros de la banda de Los Monos; También la investigación a  cuatro senadores provinciales, acusados de enriquecimiento ilegal y manejo discrecional de subsidios, denunciados por el ex candidato a vice Gobernador por el PRO, Jorge Boasso.; y entre otras de peso la causa de Carrocera Sudamericana, una empresa dedicada a la fabricación de carrocerías de colectivos. Santero, su socio mayoritario, había incorporado como socio a Rómulo González, el dueño de una concesionaria oficial de automotores Toyota, y a quien terminó denunciando por vaciamiento de su empresa.

No conforme con que se haya corrido al jefe de la Unidad de Delitos económicos, y ante la necesidad de que Narvaja y Mac Cormack cesen con las investigaciones, en uno de los hechos más vergonzosos de la historia política santafesina, fueron por más.  En la última sesión de la Legislatura Provincial del año 2017, en trámite sumarísimo en ambas Cámaras y sin debate alguno, primero en el Senado y a los pocos minutos en Diputados, se sancionó con fuerza de Ley el Proyecto suscripto por los presidentes de todas las bancadas de “Senadores”,  con el único objetivo de modificar el procedimiento de remoción de Fiscales.

 A partir de ese momento los senadores y diputados tendrían la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales, sin intervención de la Auditoría General de Gestión.

Basado en esa ley, claramente inconstitucional ya que atenta contra la independencia del Ministerio Público de la Acusación, y varias denuncias de manual que les hicieron misteriosamente a los fiscales decidieron sacarlos de esa unidad y reubicarlos.

Tiempo después, Baclini, ante la solicitud de la apelación de los letrados de la causa de Carrrocera Sudamericana por la desestimación de la denuncia sin haberse producido la prueba central, resolvió la reapertura de la causa, en contraposición de lo  que había dictaminado Serjal. En ese momento se tomó conocimiento que el propio Serjal había adquirido dos vehículos 0 km en la concesionaria Toyota, de titularidad de Rómulo Gonzalez, que era el empresario denunciado en la causa cuyo archivo había dictaminado.

Ese fue el principio de fin, a pesar de toda la protección que le quisieron dar en la Legislatura.

La renuncia de Serjal  permite señalar que algo está cambiando. Fueron  los propios miembros del Ministerio Público de la Acusación, con el Fiscal de la Provincia a la cabeza, quienes llevaron adelante la investigación para dejar a estos personajes al descubierto. A lo mejor habrá llegado el momento de iniciar ese "manu pulite" en la justicia y extenderlo a los  políticos de de Santa Fe, quienes encubrieron o fueron cómplices con la intervención de algunos empresarios y profesionales de este accionar. El tema exige que no haya dilación, toda la ciudadanía de la Provincia lo está requiriendo.

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