Represión modelo 2020: igual que los anteriores

DERECHOS HUMANOS 03 de noviembre de 2020 Por RADIO GPS
La represión, el desalojo y la quema de casillas suscitada en los predios de la localidad bonaerense de Guernica promovieron fuertes repudios, aunque medios de comunicación y funcionarios lo propiciaron como si fuese un hecho sui generis. Sin embargo, desde distintas intensidades y despliegues, las actuaciones políticas, jurídicas y policiales para producir hechos de castigo y violencia hacia la población que demanda sobre sus derechos y necesidades se produjeron sin fisuras en lo que va del año. Las fuerzas represivas del Estado operan con la misma ferocidad sin distinción de gobiernos. Un recorrido por las principales acciones represivas en 2020 lo describe. Por Máximo Paz, para ANRed.
Berni

A pesar del cambio de color político, el año 2020 se encuentra atravesado por la acción represiva. La nota intenta describir y señalar los principales sucesos en ese sentido.

- En la ciudad capital de la provincia de Córdoba, el repudio de los municipales a la propuesta salarial insuficiente del intendente Martín LLaryora dio lugar a una manifestación masiva el viernes 30, que confluyó en el Palacio municipal 6 de Julio. Fue en ese contexto que mientras la delegada de Alumbrado Público, Érika Suvlajko, y otros cinco trabajadores y trabajadoras estaban cerrando el portón de acceso de su repartición para disponerse a marchar, la policía, que se encontraba apostada en Laprida y Paraguay en una camioneta, comenzó a disparar perdigones y balas de goma, sin que mediara ninguna acción por parte de los trabajadores. Eso derivó en que Érika pidiera ayuda. Fue atendida y tras una tomografía computada se conoció que tiene comprometida la visión del ojo izquierdo.

- En la localidad santacruceña de Las Heras, también el viernes 30, trabajadoras y trabajadores afiliados a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), luego de varias horas de esperar una audiencia con el intendente Carambia, y al no tener ninguna respuesta, decidieron permanecer en el recinto municipal hasta que se presente alguno de los responsables. Llegada la noche, el grupo policial que custodiaba a las y los trabajadores intensificó las amenazas y los refuerzos que comenzaron a concentrarse afuera del recinto. Finalmente, en horas de la madrugada, se dispusieron a proceder al desalojo. La gente que estaba afuera velando por la integridad de las mujeres no lo permitieron, a lo que las fuerzas policiales reaccionaron con disparos de armas de fuego.
- También sobre el día 29 de octubre, en medio de la protesta pacífica en reclamo por un espacio de comercialización, vendedoras y vendedores fueron desalojados por la fuerza de seguridad sin mediar orden judicial alguna. Son de la Rama Vía Pública de la UTEP y solicitaron una reunión con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se les conceda un espacio para comercializar sus productos.
- Luego de más de 100 días de resistencia, las 1.500 familias que sostenían la toma en los barrios San Martín, Numancia Sur y Numancia de la ciudad de Guernica fueron reprimidas por la Policía Bonaerense, con más de 35 detenidos y decenas de heridos. Sucedió sobre la madrugada, y luego de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés “Cuervo” Larroque dijera públicamente que “no tenía sentido seguir con las negociaciones”, más de 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense, con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni al frente, ingresaron al predio de Guernica, quemaron casillas y reprimieron con balas de goma y balines de plomo a las 1.500 familias que resistían en la toma en reclamo de viviendas dignas. Durante las últimas dos semanas, plazo establecido por el juez Martín Rizzo para llevar adelante el desalojo, la policía bonaerense rodeó el predio, hostigó a los que participaban de la toma, y sobrevoló todas las madrugadas las casillas instaladas, sin importar la presencia de niños y niñas.

- Sobre el reciente 28 de octubre, en la ciudad de La Plata, durante una movilización de organizaciones sociales y representantes de comedores populares, que tenían como propósito la entrega de petitorios con distintos reclamos, miembros de la seguridad civil a cargo del intendente Julio Garro agredieron violentamente a manifestantes dejando un saldo de varios heridos. Algunos debieron ser hospitalizados.
- El día 23 de octubre un operativo de efectivos de infantería de la Policía Bonaerense reprimió a los vecinos y vecinas del barrio Los Ceibos, partido de La Matanza. Se trató de 350 familias que luego de las persistentes lluvias quedaron inundados los terrenos, con las casas y carpas expuestas, donde las familias improvisaron viviendas. La policía ingresó al barrio para realizar el corte de energía eléctrica y ante el reclamo de los vecinos y vecinas reprimió utilizando balas de goma. Hubo personas heridas. Luego de la represión, los vecinos declararon que “la orientación del gobierno municipal de Fernando Espinoza, al igual que el provincial de Axel Kicillof, es avanzar con el desalojo, como lo hicieron en la localidad de Rafael Castillo, del mismo partido”.
- Para el miércoles 14 de octubre, se procedió a la detención de manifestantes que se oponen a las obras de construcción en Villa Nahueve, en Neuquén. Ante el despliegue del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), se denunció el accionar violento y la complicidad gubernamental para el operativo sorpresa. 
- El 20 de octubre, familias de la comunidad indígena Tusca Pacha de Los Alisos, Palpalá fueron reprimidas y desalojadas de su territorio por la Policía Jujeña, cuyo gobernador es Gerardo Morales. Del operativo policial varias personas resultaron heridas y cuatro detenidas, que fueron trasladadas a la Comisaría 51.

- Para el día de la primavera, trabajadoras y trabajadores de enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcharon hacia la Legislatura porteña para solicitar el tratamiento urgente del proyecto de ley que plantea el reconocimiento de su labor sanitaria como profesional. A partir de la intención de ingresar al edificio parlamentario, un nutrido cordón policial colocado en la entrada impidió que ello suceda mediante el despliegue de una enérgica represión hacia las y los enfermeros. Los trabajadores denunciaron el hecho, que incluyó a cuatro manifestantes que resultaron heridos con cortes en el rostro y en la cabeza.
- A mediados del mes de setiembre, una grave represión se ejerció contra trabajadores choferes que pidieron por sus salarios en Jujuy. En esa instancia, los conductores de las empresas Unión Bus, San Jorge y El Urbano fueron reprimidos en plena madrugada violentamente por un dispositivo policial cuando se planteaban iniciar una jornada de lucha en reclamo de sus salarios adeudados. “Presentamos un pedido de informe sobre el uso de los subsidios que hacen los empresarios del transporte, pero desde el ministerio de Trabajo provincial se mantienen en silencio. Se tiene que hacer público el uso de estos fondos que salen del bolsillo de los contribuyentes y garantizar el salario de los choferes”, manifestaron los damnificados luego del acto represivo.

- Para el 11 de setiembre, la Policía Bonaerense reprimió la toma en un predio ubicado entre el barrio Los Pilares y el barrio 2 de Enero en el partido de Moreno. Las familias que participaban de la toma denunciaron que la policía llegó en camionetas y motos, y comenzó a reprimir con balas de plomo. Cuando integrantes del comedor San Cayetano comenzaron a filmar, empezaron a hacerlo con balas de goma y a prender fuego las casillas dónde estaban viviendo. Como si esto fuera poco, policías de civil ingresaron al comedor, le pegaron a personas que participan en él y destruyeron el lugar. El saldo fue de decenas de personas heridas (entre ellas una chica trasladada al hospital con una herida grave en un ojo) y 15 personas detenidas.
- El día 9 de septiembre, el intendente del distrito chaqueño de Sáenz Peña, Bruno Cipollini, con la autorización del fiscal Marcelo Soto, ordenó a la policía el desalojo del corralón de la municipalidad donde trabajadoras y trabajadores autoconvocados, principalmente de barrido y limpieza, realizaban una sentada exigiendo mejoras salariales. Los trabajadores denunciaron el atraso de sus sueldos y el abandono de los sindicatos ante la protesta. El dirigente social Raúl Castells acompañaba a los municipales y que fue detenido junto a dos miembros de su agrupación, Juan Martínez y Ana María Fernández.

- También sobre septiembre, pero por la noche, la Policía Bonaerense, junto al servicio de protección comunal de Tigre, reprimieron y desalojaron a familias que estaban tratando de ocupar terrenos en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre. Si bien por la tarde ya lo daban como resuelto, los ocupantes regresaron y debieron enfrentarse con piedras a la balacera policial.
- En la madrugada del 9 de septiembre, la Policía Mendocina intentó desalojar alrededor de cincuenta familias que sostenían la toma de una finca, en reclamo del derecho a una vivienda digna. “La represión de anoche fue una barbaridad. En la tele sale que nos desalojaron con aire y es mentira. Nos tiraron perdigones y balas. Hubo niños que salieron golpeados con perdigones”, sostuvo una protagonista del hecho.
- En el día sábado 29 de agosto, la Policía Neuquina reprimió a familias que ocupaban un predio en Cipolletti. A su vez, el cuerpo represivo allanó la casa de Natalí, la referente del grupo que reclamaba su derecho a la vivienda. Allí le secuestraron su celular y le dispararon a por lo menos cinco jóvenes y mujeres que estaban allí.
- El viernes 3 de julio, la Policía Bonaerense comandada por Sergio Berni y Sebastián Martínez Pass, reprimió ferozmente una protesta de vecinos del barrio La Bajada -perteneciente a la ciudad capital provincial-, que habían cortado la bajada de la Autopista La Plata – Buenos Aires para reclamar tras una semana entera sin tener servicio de luz eléctrica, en el marco de la crisis sanitaria y con el agravante de que allí vive una niña paciente electrodependiente.

- Sobre fines de julio, la Policía de la Provincia de Catamarca, por orden judicial y político, perpetró una violenta represión a empleados municipales precarizados. Se trató de trabajadores del área de Higiene Urbana que solo pedían un incremento salarial por estar al frente de la pandemia, lo que recibieron fue palos, balas y, como castigo posterior,  despidos varios.
- Para Junio, en la provincia de Chaco, unas treinta personas del movimiento social 25 de Mayo salieron de las malezas del Camping Municipal de Quitilipi y cortaron el tránsito en la Ruta 16, a la altura del kilómetro 155. Reclamaban por la falta de pago de su trabajo para el municipio. Fueron reprimidos por la policía con escopetas con balas de goma.
- El 22 de mayo, una dura represión cayó sobre empleados y empleadas municipales que habían sido despedidos en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. El operativo dejó decena de heridos y detenidos. Es que los 208 trabajadores municipales despedidos en una ciudad de menos de 30.000 habitantes y con la industria petrolera en plena crisis, sostuvieron un inquebrantable marco de protestas. Al punto que uno de ellos se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego, varios se encadenaron a pesar del frío patagónico y hasta algunos lograron subirse a los techos del edificio municipal. Cuando se los hizo pasar a dialogar al edificio municipal, fueron emboscados y detenidos, mientras dispararon balas de goma a quienes quedaron en el exterior.
Sobre el 21 del mes de mayo, y recordando las acciones que se dieron en la Patagonia en tiempos de Macri, como si nada hubiese cambiado, en las afueras de Bariloche se desató una brutal represión sobre la Lof Winkul Mapu. “La policía provincial se está desplegando, están dando disparos de arma de fuego 9 milímetros. Están reprimiendo”, afirmó la Machi de la Lof a través de Radio Alas de El Bolsón en plena reprimenda, mientras la ruta 40 era cortada en la zona de Mascardi.
- El 14 de mayo, en Chaco, por la tarde, la infantería de la Policía del Chaco desalojó un corte en la ruta 9 realizado por mujeres wichis autoconvocadas de la comunidad de El Sauzalito que protestaban por la detención de un integrante de la guardia Whasek y por “la falta de justicia en sus territorios”.
- El jueves 7 de mayo, la Policía de Córdoba reprimió una protesta de repartidores. Ocurrió en pleno centro de la ciudad en el marco de una concentración de trabajadores y trabajadoras de las plataformas. Hubo dos detenidos. También los damnificados por las fuerzas represivas denunciaron que una vez terminada la movilización fueron hostigados y amedrentados por las fuerzas policiales.
- Dos días antes, también en Córdoba, a través de un exaltado operativo perpetrado por un fiscal de oficio, al menos 42 asalariados municipales de Jesús María, Córdoba, sufrieron el escarnio físico y las posteriores detenciones a partir de la irrupción de la policía e infantería para disuadir una asamblea y manifestación llevadas a cabo en un lugar de trabajo. La reunión de los empleados municipales se dio en el marco de una serie de medidas que trataban de contrarrestar el embate sistemático del intendente jesusmariense, Luis Picat, hacia la aplicación de un importante ajuste salarial a los trabajadores.

- A principios de mayo, en la provincia de Tucumán, la policía provincial perpetró una brutal represión a la comunidad indígena en la localidad de El Mollar mientras estaban realizando un corte selectivo en la ruta 307 para preservar al pueblo de la epidemia y evitar el ingreso de turistas. La policía irrumpió el corte en el kilómetro 47 y comenzó a reprimir. El saldo tuvo la resultante de 5 heridos.
- En abril, los trabajadores del frigorífico Penta, de Quilmes Oeste, sufrieron una dura represión mientras mantenían la presencia en los portones de la empresa. Hacía 20 días que venían luchando contra un lock out del empresario Ricardo Bruzzese, quien además ostenta otros dos frigoríficos y es presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). El conflicto apagado con palos, gases y balas de la bonaerense, suscitó a partir de la postura de la patronal, que no quiso reconocer a los tres delegados elegidos en diciembre extorsionando que si los delegados no renunciaban cerraba el frigorífico, amenaza que concretaron el 17 de marzo. El Estado dictó una conciliación obligatoria que Bruzzese desconoció, además de no pagar los salarios, y no realiza aportes previsionales ni de obra social.

- Sobre los primeros días de marzo, antes de la pandemia, docentes salteños autoconvocados, que no reconocen a los gremios como sus representantes, llevaban su quinto día de paro y dos noches en las puertas de la Casa de Gobierno de Salta, ubicada en el barrio de Grand Bourg, pidiendo ser recibidos. A su vez, delegados de la organización se encadenaron a las vallas de contención mientras se sumó una numerosa presencia de docentes en las puertas del edificio provincial, ante el hecho, y por la resistencia de las y los trabajadores, pasado el mediodía, la Policía de Salta los reprimió.
- Sobre finales de febrero, trabajadoras y trabajadores de la avícola Cresta Roja en la zona sur del conurbano bonaerense, realizaron una medida de fuerza en la planta II de la fábrica para reclamar la reincorporación de empleados despedidos y por las “promesas incumplidas”. Según denunciaron, fueron reprimidos por la policía utilizando balas de gomas y gases lacrimógenos. Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández había encabezado un acto en Ezeiza en donde le envió un mensaje a los empleados y ex trabajadores de la avícola Cresta Roja: “No me olvido de ustedes, compañeros”.
- A principios de febrero, diez detenidos fue el saldo luego de una represión contra la comunidad Wichí “El Tráfico”, en Embarcación, provincia de Salta. Allí la policía reprimió a jóvenes que querían realizar una denuncia por agresión “a machetazos” por parte de una patota. Hubo, al menos, diez detenidos, entre ellos 3 menores y el presidente de la comunidad, quien fue golpeado por filmar lo sucedido.

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