En 48 horas fueron rescatadas 101 presuntas víctimas de trata de personas

DERECHOS HUMANOS 07 de diciembre de 2020 Por RADIO GPS
Fue al cabo de allanamientos requeridos por el Ministerio Público Fiscal y concretados el domingo y el martes en causas que tramitan en la justicia federal de Santiago del Estero y Morón. Tienen en común la explotación laboral, pero una de las pesquisas se centra en una secta religiosa con sede en San Justo, a la que también se le atribuye lavado de dinero y delitos contra la integridad sexual, la identidad y la vida.

Con apenas dos días de diferencia se desplegaron en distintas partes del país 24 allanamientos con un denominador común: la investigación de trata de personas con fines de explotación laboral y otros delitos vinculados. Fue en dos causas en las que intervienen las fiscalías federales Nº1 de Morón y Nº2 de Santiago del Estero, respectivamente, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

En la pesquisa que tramita en la dependencia con asiento en el conurbano bonaerense, a cargo de Santiago Marquevich, se ordenó una serie de procedimientos en San Justo, Bahía Blanca, Neuquén, San Miguel del Monte, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizaron el martes. Como resultado se produjeron seis detenciones y el secuestro de información de interés para la investigación.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el caso es que personas menores de edad y mayores fueron sometidas a la influencia de una organización criminal bajo el ropaje del “Templo Evangélico Filadelfia”, con sede central en San Justo, a la que se consideró como “secta religiosa”. En ese marco es que se estimó que las víctimas padecieron “serios y aberrantes ilícitos”: a la trata de personas, reducción a la servidumbre y lavado de dinero se añadieron delitos contra la integridad sexual, contra la identidad y contra la vida.

La investigación se originó el año pasado, en el que ya se habían concretado allanamientos y otras diligencias. No obstante, las detenciones de las principales personas acusadas se concretaron con los operativos desplegados esta semana por el Departamento Unidad Federal de Investigación Sobre Trata de Personas de la PFA y Gendarmería Nacional. También comenzó a entrevistarse a 69 posibles damnificadas y damnificados de la organización en diversos puntos del país, tarea que lleva adelante el Programa de Nacional de Rescate y Acompañamiento.

Al postular las medidas en un dictamen de octubre en el que ampliaron el objeto procesal, Marquevich y los cotitulares de la PROTEX Marcelo Colombo y Alejandra Mángano señalaron que la secta desplegó “un plan sistemático de captación, explotación laboral y reducción a la servidumbre”. “Cuando los fieles ingresaban a la congregación religiosa Filadelfia, quedaban bajo el dominio exclusivo de las líderes, quienes iniciaban sobre ellos un proceso de persuasión coercitiva, que tenía como finalidad la apropiación de sus voluntades. A través de ese proceso, que comenzaba en muchos casos desde la minoría de edad -este era el grupo etario predilecto–, los seguidores terminaban creyendo que las líderes se encontraban revestidas de dotes divinidad, circunstancia que les permitía a estas mujeres realizar todo tipo de acciones, muchas de ellas con tintes o ribetes delictivos, sin recibir algún tipo de cuestionamiento”, describieron.

En ese sentido, agregaron que cada una de las personas que conformaban el “núcleo duro” de la organización consentía y aceptaba los fines propuestos, tendientes a someter a personas vulnerables “a todo tipo de aberraciones, con el propósito de obtener réditos económicos”. La síntesis del accionar delictivo del supuesto templo fue graficado por el MPF con esta secuencia: identificación de personas vulnerables; captación; traslado; adoctrinamiento teológico; control incesante de cada actividad que desarrollaban las víctimas; falta de alimentación, de descanso y aplicación de castigos físicos y psíquicos, “todo lo cual resultó ser terreno fértil y propicio para llevar a cabo los delitos mencionados contra la integridad sexual, la vida y la identidad de los fieles”.

Para la presentación se contó con la colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes del MPF, en virtud de que se solicitó también una serie de medidas de carácter cautelar patrimonial, ante la posibilidad concreta “de que una eventual sentencia condenatoria resulte ineficaz a los efectos de lograr el decomiso de las cosas que han servido de medio para la comisión del delito y de los bienes que resulten producto o provecho del mismo, como así también para garantizar la pena pecuniaria, especialmente, la reparación económica de las víctimas”.

Santiago del Estero

Dos días antes, el domingo 29 de noviembre, se producía a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya un allanamiento y rescate en la finca conocida como “Palo Verde”. La medida había sido requerida el día anterior con carácter de urgente por la Fiscalía Federal Nº2 de Santiago del Estero, a cargo de Indiana Garzón, luego de la notificación de una denuncia recibida en la Línea 145 que daba cuenta de una posible situación de explotación laboral.

Tras la comunicación telefónica, representantes del Programa de Nacional de Rescate y Acompañamiento y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) hicieron una inspección, en la que encontraron a 32 personas oriundas de localidades como Villa Atamisqui, Fernandez y Yuchan, ninguna registrada formalmente . Una tenía sólo 15 años. Se encontraban en carpas hechas con bolsas plásticas, sin acceso a agua potable ni baños y dormían y cocinaban sobre el piso. La tarea que desarrollaban se conoce como“destroncado”: consiste en sacar, manualmente, troncos y raíces de suelos cuyos árboles fueron talados.

Las personas entrevistadas relataron que fueron llevadas por contratistas que establecían “las condiciones laborales”: de lunes a lunes entre las 6 y las 11 de la mañana, con una pausa por las altas temperaturas, que superan los 45º, y luego de 16 a 19. El informe de la inspección consignó, además, que los empleadores les vendían los alimentos necesarios para subsistir abusando de los precios.

Desde el inicio la fiscalía federal -a través de su Área de Investigación y Litigación Sobre Trata de Personas, a cargo de Andrea Ledesma Piga- actuó coordinadamente junto a la PROTEX. Tras encuadrar los hechos como posiblemente constitutivos de traslado y acogimiento con fines de explotación laboral, el MPF instó el sábado pasado a la realización del allanamiento y rescate de las víctimas, concretados al día siguiente.

Para ello se postuló la intervención, además de los mencionados Programa Nacional y RENATRE, de la Delegación de Santiago del Estero del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas, y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial por la presencia en el lugar de un adolescente. Asimismo, la fiscalía que encabeza Garzón requirió, entre otras diligencias, que los organismos de asistencia entrevisten a las víctimas e informen “sobre su situación de vulnerabilidad, aporten los datos y direcciones necesarias para que oportunamente –y si estiman que están en condiciones-  brinden las correspondientes declaraciones testimoniales”.

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