El gatillo fácil de la bonaerense sigue cobrando víctimas

DERECHOS HUMANOS 15 de julio de 2020 Por RADIO GPS
Lucas Verón (18) en La Matanza y Raúl Dávila (22) en Chascomús, se suman a los 18 asesinatos que tienen como responsable a la policía de la pcia. de Buenos Aires durante junio mientras se sigue buscando a Facundo Astudillo Castro
victimas de la bonaerense
LUCAS VERÓN Y RAÚL DÁVILA, PIBES ASESINADOS POR LA BONAERENSE

En el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel, señala un informe de la Agencia de Noticias Redacción (ANRED).

En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scasso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.

La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial. Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General.

La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian.

Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.

También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora.

Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.

La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones. Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena.

Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia  provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde.

La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta.

Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.

Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava.

Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.

Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso  revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar.

Al respecto, la periodista Claudia Rafael publicó en la Agencia Pelota de Trapo un artículo titulado: "Lucas, Fernando y los cuerpos que no importan" en donde también agrega datos de las víctimas de otros distritos en lo que va de 2020:

Los 18 años de Lucas Verón llegaron con el final de su vida. Fue la víctima número 21 de una lista de 20 varones y una mujer. De los 20, 12 tenían menos de 25 años. Y 12 también vivían en la provincia de Buenos Aires y fueron ejecutados por balas del Estado. Tres en Córdoba; dos, tanto en San Luis como en Tucumán y uno en CABA igual que en Jujuy. Lucas Verón estaba estrenando sus 18 en el conurbano profundo –en poblados cuyas calles también pisaba Luciano Arruga- y ya era madrugada de viernes cuando uno o dos de los policías que decidieron perseguirlo cuando iba a comprar gaseosas, lo atropellaron, le dispararon, lo asesinaron, intentaron dibujar la causa y se escaparon. El plomo sobre su cuerpo fue un plomo estatal. Pagado puntualmente con los impuestos de una sociedad que suele dar vía libre a las fuerzas de seguridad. Como prolongación del fácil gatillo se alió la fiscalía para que –con su aval- la policía enchastrara la investigación, apretase testigos y forzase la versión del chorrito al que con la justificación necesaria –aliviadora de las conciencias sociales- había que eliminar.

Las cuentas que hace la Comisión Provincial por la Memoria arrojan un crimen estatal cada 40 horas en tiempos pandémicos. En los que, como suele ser en situaciones excepcionales, el vía libre al aparato represivo cobra aún más fuerza. Pero se ampara –como ha sido sistemáticamente a lo largo de la historia- en la filosofía Patti: “no quiero policías que no hagan nada porque están esperando la orden del juez” o bien “la policía a veces debe actuar fuera de la ley”, decía a mediados de los 90 para fogonear la libertad de crimen y disparo.

La multiplicidad de razones que habilitan a las distintas policías a gatillar suelen ser mínimas. Y la pandemia amplía aún más el abanico. El cartonero de Temperley que iba a buscar pan duro para los caballos de su carro y recibió tres balazos en la espalda. La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro mientras iba a Bahía Blanca. Los 18 tiros en el cuerpo de un pibe de 18 años (uno por cada año) por parte de un policía federal en Avellaneda que intentaba comprar una play por vías poco claras. Un joven con brote psicótico en Florencio Varela que fue visto vivo por última vez arriba de un patrullero y luego apareció muerto en una tosquera. Un peón rural tucumano desaparecido y asesinado por la policía con su cuerpo arrojado del otro lado del límite con Catamarca. Es decir, no hay un modo operativo que calque la puesta en escena en uno y otro caso. Porque hay una creatividad sublime. Pero sí hay puntos en común insoslayables. La pertenencia social de las víctimas es la misma. Los márgenes nutren cifras.

Entregan involuntariamente sus cuerpos. Exponen su fragilidad, su desobediencia o su insurrección ante el poder de las armas, de los golpes o de los cordones dentro de una celda de quienes detentan poder.

Porque hay voceros del estado que azuzan para que los uniformes salgan –con la excitación inspirada en las diatribas de las Bullrich y los Bernis- rabiosamente, a las calles. Porque el poder policial se asume con su permanencia sistémica, más allá de los representantes políticos fugaces o de turno, cuando renuncia en masa como en Chaco tras el intento de sanción a quienes entre ellos torturaron a familias qom. O cuando va a la huelga ante el intento de enjuiciar a un torturador o asesino de gatillo alegre.

Los márgenes entregan sus cenizas y sus barros aunque sus habitantes no quieran. Basta asomar los respiros por fuera de los cuadriláteros establecidos para que los uniformes reaccionen con un hasta aquí. Y demarquen los territorios con la sangre que succiona y escupe el estado con los cuerpos que no importan.

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